Las claves del plan antitabaco que «ahora toca» materializar en leyes

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SALUD TABACO  La estrategia apuesta también por el aumento del precio del tabaco a través de una subida en su fiscalidad.

 Adaya González

Madrid.  La nueva hoja de ruta contra el tabaquismo desde hoy vigente contempla medidas como una ampliación de los espacios en los que no se podrá fumar, el incremento de la fiscalidad, el empaquetado genérico o la equiparación de los vapeadores, pero nada de eso será una realidad hasta que no se materialice en leyes.

En la práctica, el plan que ha sacado adelante el Ministerio de Sanidad con el consenso de todas las comunidades cambia poco la situación actual, ya que habrá que esperar al paquete legislativo para una verdadera transformación.

Lo que hace es sentar las bases sobre las que se sustentarán las distintas iniciativas que se acometerán mediante decretos -más rápidos- o reformas de la normativa actual o nuevas leyes -que serán más lentas-.

Así lo han explicado varias veces los responsables de Sanidad desde que desvelaran su intención de «desempolvar» un documento que lleva guardado en un cajón del Ministerio desde finales de 2021, y que ha sufrido diversas modificaciones hasta culminar en el actual que, con cinco metas y 23 objetivos, aspira a reducir la prevalencia del consumo en nuestro país.

En definitiva, lo más inmediato serán todas aquellas medidas que no impliquen legislación, que son las menos, muchas de las cuales además ya se estaban implementando, como las relacionadas con campañas de concienciación o capacitación de profesionales, y que con este plan tendrán desde ahora «más empaque», en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Se va a poder seguir fumando donde está permitido… de momento

El documento de 2021 nunca mencionó las terrazas de hostelería, aunque se deducían del término «espacios exteriores». Lo que sí concretaba eran los vehículos particulares en presencia de menores, que la redacción final del texto recoge (ni su anterior versión antes de que se incorporaran el 94 % de las enmiendas propuestas estos días por las comunidades).

Lo que sí se ha hecho es cambiar el concepto de espacio «privado» para sustituirlo por «espacios de uso público o colectivo» porque, como ha dicho la ministra, en este ámbito no se puede ir más allá de «recomendaciones».

Concretara o no los espacios, este plan, como ninguno de tantos otros de este tipo que se aprueban, no puede imponer prohibiciones, por eso se deja a la ley que se negociará en sede parlamentaria.

Es decir, se va a poder seguir fumando donde está permitido, hasta que se prohíba por ley. El equipo de Mónica García siempre ha abogado por vetarlo en terrazas, marquesinas o playas, pero eso tendrá que quedar plasmado en una actualización de la ley antitabaco de 2006, actualizada en 2010, que tendrá que negociarse en el Parlamento.

 Las comunidades pueden, no obstante, ampliar los espacios

No obstante las comunidades podrían optar, si así lo quisieran, por promover más espacios sin humo. De hecho, ya muchas lo están haciendo, como Galicia, que extendió las ‘Playas sin humo’ a parques o puertos.

Galicia es una de las autonomías que más firmemente ha defendido la autorregulación de esos espacios, pero en Sanidad lo rechazan porque ha demostrado que la voluntariedad en salud pública «no funciona».

Lo cual no impide que, mientras llega la ley, si una comunidad quiere autorregular espacios, lo haga, porque «siempre han tenido la potestad» de poder hacerlo, como obligación o como recomendación, ha recordado García.

Pero corresponde al Ministerio «dar seguridad jurídica» para que esas medidas «tengan un aval jurídico» y se garantice el principio de equidad, por lo que cuáles serán en el futuro las nuevas zonas en las que no se podrá fumar en toda España «lo tiene que decidir el poder legislativo».

Los vapeadores

La estrategia pretende equiparar los dispositivos electrónicos al tabaco convencional imponiendo restricciones a la venta, suministro y requisitos de etiquetado, fabricación y comercialización, de forma que solo puedan comercializarse en puntos determinados, como ocurre con los cigarrillos.

Así, la idea es, tal y como recoge el documento, equiparar su promoción y publicidad a la de las formas de consumo más tradicionales tanto en los dispositivos que utilicen líquidos, cartuchos o recambios con nicotina como los que no la contengan, pues estos últimos «son los más utilizados por la población joven y son puerta de entrada al consumo de tabaco y la adicción posterior».

También ha introducido la prohibición de los vapeadores desechables de un solo uso. Pero para eso también habrá que cambiar las leyes.

  Empaquetado genérico

La restricción del uso de logotipos, colores, imágenes de la marca o información promocional que no sean el nombre comercial o el nombre del producto en un color y tipo de letra normalizados es una de las medidas que también ha causado controversia entre las comunidades.

Pero esto también requiere una reforma legislativa, en concreto del real decreto de 2017 que regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados.

De hecho, es la primera medida con la que Sanidad va a estrenar su estrategia antitabaco, sacando «ya» a consulta pública la iniciativa, según avanzó ayer a EFE el director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón.

Aumento del precio mediante la fiscalidad

Para reducir el consumo, la estrategia apuesta también por el aumento del precio del tabaco a través de una subida en su fiscalidad.

Tampoco esto va a cambiar de momento. Sanidad está negociando con Hacienda, único ministerio que tiene la competencia de hacerlo, para impulsar iniciativas que incrementen la fiscalidad y que esos fondos puedan ir destinados a algunas medidas del plan en materia de prevención. EFE

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