La banda terrorista ETA ordenó un periodo de "distensión", una "minitregua" no declarada oficialmente, en los días anteriores y posteriores al debate celebrado en el Parlamento vasco el día 27 de junio, en el que se votó el proyecto de ley de consulta soberanista impulsado por el lehendakari Juan José Ibarretxe, según informa el diario EL PAÍS, que abre su edición de hoy con esta noticia.
El diario cita fuentes nacionalistas que confirman que en fechas previas a la discusión parlamentaria Ibarretxe recibió por vía indirecta el mensaje de que ETA no cometería atentados inmediatamente antes o después de la sesión en la cámara de Vitoria. El último atentado antes del debate se produjo el 8 de junio contra las instalaciones del diario El Correo y durante más de un mes no hubo acciones de la banda, hasta el 4 de julio, cuando la organización terrorista hizo estallar un pequeño artefacto en un repetidor de televisión en Álava.
No obstante el rotativo señala que tanto las fuentes nacionalistas informantes como el Ministerio del Interior "están convencidos" de que los terroristas intensificarán su actividad próximamente, sobre todo una vez que el Gobierno presente ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la convocatoria del referéndum.
EL PAÍS 1,10
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aseguró ayer que su partido acatará la resolución del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley de consulta soberanista de Ibarretxe, "aunque no nos guste", apostilló. Aclaró que con esta decisión el PNV no quiere "comprometer al Gobierno vasco" ni a las otras formaciones que componen el tripartito. Matizó también que la aceptación de lo que digan los tribunales "no significa" que se vayan a "quedar quietos" ante la prohibición de la consulta y adelantó que el PNV se reunirá en los próximos días con sus socios de EA y EB y con Aralar para tratar de diseñar "iniciativas conjuntas".
En otro orden de cosas, el juez Baltasar Garzón advirtió ayer al lehendakari que si de los cinco millones que el Gobierno vasco ha destinado a la consulta alguna cantidad llega directa o indirectamente al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) se estaría "actuando fuera de la ley".
EL PAÍS 10/ABC 17
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaminó ayer que mantener calles con nombres de terroristas no constituye delito. El acuerdo, adoptado por unanimidad por los diecisiete magistrados del tribunal, recogió las tesis del presidente, Javier Gómez Bermúdez, según las cuales no puede ser castigada una conducta que no era delito en el momento de los hechos, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución.
El auto analiza el delito de enaltecimiento del terrorismo y señala que el Código Penal persigue la exaltación de los métodos terroristas o sus autores, pero no la adhesión ideológica a los fines de una banda terrorista ni la defensa de aquellos que hacen apología del terrorismo y precisa que el delito sólo puede cometerse con un comportamiento activo. "Quien no hace nada no puede violar la prohibición contenida en la norma, aunque con su pasividad exteriorice su acuerdo con lo hecho por otro", dice la sentencia.
La resolución se refiere al caso concreto de la localidad de Leioa (Vizcaya), donde la votación a favor de que tres etarras figuraran en el callejero municipal se produjo en 1979, cuando "esa conducta no era delito ni falta", arguyen los magistrados. No obstante consideran que dicha conducta es "antijurídica, contraria a la norma y puede constituir un ilícito de otro tipo o ser objeto de impugnación por otras vías, pues puede atacar derechos fundamentales".
La sentencia, que "debe entenderse" aplicable a "otros supuestos semejantes", supone el archivo de la docena de querellas presentadas por la Asociación Dignidad y Justicia contra alcaldes y corporaciones municipales del País Vasco que conservan calles con nombres de etarras, así como la restitución de las placas dedicadas al etarra Pana en Hernani (Guipúzcoa), retiradas como medida cautelar por el juez Grande-Marlaska.
EL PAÍS 11/EL MUNDO 1,9/ABC 1,14,15/EL PERIÓDICO 23/LA RAZÓN 1,14,15/PÚBLICO 21
El PP vasco afronta su congreso regional, que empieza mañana en Bilbao, entre fuertes divisiones internas, según refleja hoy la prensa. Los miembros de la ejecutiva del PP de Guipúzcoa Pedro Altuna y Maribel Melgosa y la concejal del Ayuntamiento de San Sebastián Carmen Rubio anunciaron ayer la renuncia a sus cargos, en solidaridad con María San Gil y con duras críticas a la dirección del partido.
En una carta abierta, titulada "Gracias, María", Pedro Altuna agradece a San Gil su labor y le traslada su apoyo al tiempo que critica la "deriva" del partido. "Quienes llevamos durante años jugándonos diariamente la vida en el País Vasco por defender los principios que siempre han constituido el PP, hemos padecido persecución, incomprensión y desprecio no lo hemos hecho para culminar esta andadura lanzando guiños a los responsables y cómplices de nuestra situación: los nacionalistas", dice la misiva.
En otra carta, Maribel Melgosa denuncia la "falta de gratitud" del PP vasco con San Gil y que haya asumido el "cambio de estrategia política como si tal cosa". Por su parte, Carmen Rubio atacó la "bajeza y el cinismo" de quienes "bailaban el agua" a la ex dirigente popular y luego "votaron en contra" de su propuesta de adelantar la celebración del congreso del PP vasco.
El presidente del PP de Álava, Alfonso Alonso, dijo que los dirigentes que han dimitido quieren "destruir, perjudicar y hacer daño al PP en el País Vasco". La presidenta de los populares en Guipúzcoa, María José Usandizaga, lamentó que "mientras muchos trabajan por fortalecer el PP unos pocos se empeñan en debilitarlo". Ambos, junto a parlamentaria y portavoz en el Ayuntamiento de Vizcaya Esther Martínez presentaron ayer la ponencia política del congreso regional, que ha recibido 85 enmiendas.
La vicesecretaria de organización, Ana Mato, lo valoró no como un problema de "ideología o principios", sino una cuestión de "lealtad personal" a San Gil.
EL CORREO recuerda que Laura Garrido e Iñaki Oyarzábal son los dos principales candidatos a ser número dos del PP vasco, que optan a la secretaría general junto al también alavés Javier de Andrés y la guipuzcoana Arantza Quiroga.
EL PAÍS 14/ EL MUNDO 1,10/ABC 18/EL PERIÓDICO 23/LA RAZÓN 16/EL CORREO 22,23/PÚBLICO 16
El ex presidente del Gobierno José María Aznar dijo ayer en una entrevista en Telemadrid que el "grandísimo error" de la negociación entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA fue que "produjo la desarticulación de aquello que podría haber llevado a la derrota definitiva del terrorismo". Habló del grave "precio político" de dichas negociaciones y opinó que el hecho de que quienes llevaron a cabo esta política ganaran las últimas elecciones "es un buen motivo de reflexión para los que ganaron, para los que perdieron y para toda la sociedad española".
Aznar, presidente de honor del PP, también se refirió a los cambios en el partido. Opinó que hay que buscar la integración y cuando se renueva "procurar hacerlo añadiendo y no eliminando". Sobre la ruptura con el pasado, dijo que "querer romper con los dos únicos triunfos que el centro derecha ha tenido en la historia democrática española significa no tener las ideas muy claras".
EL PAÍS 16/EL MUNDO 10/AGENCIAS
La legislación disciplinaria de la Policía considera falta grave conductas como la de los cuatro funcionarios absueltos ayer por la Audiencia Provincial en relación al llamado informe del ácido bórico, según destaca hoy EL MUNDO. El diario indica que los artículos 7.12 y 12 de la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado castigan con hasta tres años de suspensión "la emisión de informes que desnaturalicen la verdad o la alteren mediante inexactitudes, siempre que el hecho no constituya delito" y considera que los policías "deberían ser sancionados". En su titular de portada dice: "Los 'policías honestos' de Rubalcaba cometieron falta grave según la Ley".
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) indicó ayer en un comunicado que "queda demostrado que hubo modificaciones de informe policial original" y por tanto "existe una infracción administrativa". Y se pregunta "cuántos informes relacionados con el 11-M fueron alterados porque sus conclusiones no mostraban lo que se quería transmitir a la sociedad".
EL MUNDO 1,8/PÚBLICO 19/LEVANTE 28
La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer en el Juzgado de Illescas (Toledo) una denuncia contra el ex alcalde socialista de Seseña José Luis Martín por prevaricación, cohecho y un delito contra la Hacienda Pública.
Tras dos años de investigación, iniciada tras una denuncia de IU sobre la macrourbanización del promotor Francisco Hernando, el Pocero, en la localidad toledana, la Fiscalía concluye que Martín se enriqueció tras aprobar el plan urbanístico de Hernando. El ex alcalde dio luz verde al proyecto de construcción de 13.508 viviendas a pesar de contar con informes desfavorables autonómicos y de carecer de evaluaciones imprescindibles. Entre 2002 y 2005 Martín depositó cerca de medio millón de euros en fondos de inversión a nombre de sus hijos por importes injustificables con su sueldo, además de efectuar desembolsos por más de 200.000 euros.
Martín alegó en su descargo que cobró un cupón de la ONCE por 144.000 euros en el año 2000. Pero el supuesto premio tampoco cubre el aumento patrimonial, que coincide con su actuación como regidor a favor del proyecto de el Pocero.
De momento, José Luis Martín es el único denunciado por Anticorrupción, pero extiende la denuncia a "cualesquiera otras personas" que a lo largo de la instrucción judicial de la causa puedan aparecer como responsables de estas conductas.
EL PAÍS 1,12/EL MUNDO 1,15/ABC 1,24/LA RAZÓN 23/PÚBLICO 20/LEVANTE 28
Por otra parte, ayer fueron detenidos el alcalde y una concejala de la localidad alicantina de Benitatxell acusados de un delito de corrupción por pedir una comisión de 50.000 euros por recalificar terrenos.
EL PAÍS 12/LEVANTE 1/LAS PROVINCIAS 1
La Generalitat publicó ayer los datos de su balanza fiscal, una semana antes de que lo haga el Gobierno central. El déficit fiscal de Cataluña con el Estado ascendió entre 2002 y 2005 a 13.832 millones de media al año, cifra que supone un 9% del PIB catalán. El consejero de Economía, Antoni Castells, consideró en la presentación de los datos que la solidaridad de Cataluña con el resto de comunidades es "excesiva". ABC titula: "Montilla marca el paso a Zapatero y publica su balanza fiscal con un déficit de 13.800 millones". Según LA RAZÓN , "Zapatero cumple con Montilla y desvelará su sistema de financiación a final de mes".
Por otra parte, las autonomías que han reformado sus estatutos de autonomía crearon ayer el germen de lo que pretende ser una conferencia autónoma independiente de la Administración central para promover el desarrollo estatutario. A la Comunidad valenciana, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Baleares y Aragón se podrían unir en octubre el resto de comunidades, según destaca PÚBLICO.
Por su parte, EL PERIÓDICO señala que el tripartito catalán "expresa su malestar por el lento desarrollo estatutario".
EL PAÍS 13/EL MUNDO 14/ABC 1,21/EL PERIÓDICO 20,21/LA VANGUARDIA 1,12/LA RAZÓN 21/PÚBLICO 17
El Govern podría perder la mayoría absoluta si las elecciones autonómicas se celebraran ahora mismo, según los datos de una encuesta realizada por GESOP para EL PERIÓDICO. Por primera vez en seis años, la suma de los diputados de los tres partidos de la coalición podría no llegar a los 68. Paralelamente, CiU se consolidaría y podría aumentar hasta los 52 o 53 escaños. Tanto este partido como el PSC siguen por encima de los resultados de 2006, mientras que el PP de Cataluña, ERC e ICV-EUiA están por debajo.
En cuanto a líderes, Montilla mantiene la ventaja sobre Artur Mas. Y sobre los problemas que afectan a Cataluña, el diario destaca que el pesimismo sobre la economía se dispara.
EL PERIÓDICO 1,2,3,4
Por su parte, LA VANGUARDIA destaca hoy en su información de portada que el conseller Joan Saura "tantea a Montilla sobre un cambio en el Govern", en concreto el cese de Baltasar "para calmar a los ecologistas". Según el diario, el presidente catalán rechazó la idea de una remodelación "por problemas en ICV".
LA VANGUARDIA 1,11
NACIONAL
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